Cualquier observador del sistema de justicia mexicano no puede dejar de sorprenderse cuando observa la forma en que se resuelven muchos casos. Incluso personas que tienen una formación jurídica de alto nivel con frecuencia sienten asombro por ciertas decisiones, las cuales son difíciles de explicar e imposibles de comprender.

Hay tres casos recientes que han producido esa sensación en miles de ciudadanos y también en muchos abogados.

 

El primero es la liberación de Rafael Caro Quintero. Sin entrar en el análisis de si la pena impuesta y efectivamente cumplida por Caro Quintero en efecto era justa o merecida, lo que llama la atención es que el sistema de justicia se haya tardado 28 años en «descubrir» que el juez que le dictó sentencia no era competente y que por tanto el juicio al que fue sometido no estuvo apegado a derecho. ¿Tanto tiempo hizo falta para llegar a esa conclusión? ¿y si esa persona hubiera sido inocente? ¿y si hubiera sido encarcelada por error? ¿cómo se le repara el daño causado?

 

 

 

El segundo caso es el de Raúl Salinas de Gortari. Fue absuelto de todos los cargos y un juez ordenó que se le devolvieran sus cuentas bancarias y sus propiedades. De nuevo: no entremos en el asunto de si era culpable o inocente; centrémonos en el funcionamiento de la justicia. ¿Cómo se explica que unas cuentas de banco puedan permanecer embargadas durante casi 20 años? ¿qué nivel de deterioro puede sufrir una vivienda que no se puede utilizar durante dos décadas? ¿cómo es posible que la justicia funcione de manera tan lenta?

 

 

 

 

El tercer caso tiene que ver con Florence Cassez y en particular con su exnovio Israel Vallarta. Florence estuvo siete años encarcelada y durante ese tiempo se le dictaron cinco resoluciones judiciales, la última de las cuales le permitió tomar un avión a Francia el mismo día en que fue dictada. En ese mismo lapso de tiempo Israel Vallarta, a quien se acusa de lo mismo que fue acusada Cassez, no ha recibido ni siquiera una sentencia de primera instancia, aunque lleva ya varios años encerrado en un penal de alta seguridad del Estado de México. ¿Es selectiva la justicia? ¿acaso la nacionalidad de Cassez fue un incentivo para que su proceso avanzara más rápido que el del mexicano Vallarta? ¿es justo que alguien esté más de siete años en la cárcel sin que se le haya dictado una sentencia de primera instancia?

 

 

Sería simplista e ilógico decir que toda la culpa del azaroso funcionamiento de la justicia es de los jueces. No es cierto. Muchas veces son los propios abogados de las partes los que alargan indebidamente los juicios, abusando de mil triquiñuelas que les ofrece la ley para retrasar la actuación de la justicia. Incluso un mal Ministerio Público puede ser un obstáculo formidable para el avance de un juicio, sobre todo en materia penal.

Los casos de Caro Quintero, Raúl Salinas e Israel Vallarta son conocidos, por la notoriedad mediática de los implicados y por el seguimiento que le ha dado la opinión pública a sus procesos (o al juicio de su expareja, en el caso de Vallarta). ¿Pero qué sucede con los miles de casos que no reciben ningún tipo de atención de los medios y que son del todo desconocidos por la ciudadanía? ¿cómo se administra justicia para el ciudadano común y corriente? ¿qué tipo de resoluciones dictan los jueces cuando los implicados no tienen ningún poder de influencia, no son conocidos y no cuentan con algún gran bufete de abogados para defenderlos?

Me temo que las respuestas a las anteriores preguntas son escalofriantes. Lo cierto es que estamos inermes, completamente desprotegidos, ante un sistema de justicia que muchas veces lo menos que hace es eso: impartir justicia. Es uno de los puntos más débiles del Estado mexicano y uno de los que primero habría que atender. No podremos tener un México moderno si no somos capaces de construir un mejor sistema de justicia para todos, ricos y pobres, notables y desconocidos, culpables e inocentes. En eso debemos de poner atención y más nos vale que lo hagamos pronto.