El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa A.C. presentó el estudio “La cárcel en México: ¿Para qué?”, documento que contiene evidencia de la crisis que enfrenta el sistema penitenciario y de las consecuencias y riesgos de utilizar la cárcel como el mecanismo predominante de sanción en la actual política criminal del país.

El uso desproporcionado de las penas de cárcel para sancionar delitos no graves y no violentos, el abuso de la prisión preventiva, y el no facilitar alternativas de reinserción a internos que han purgado penas, han orillado a que el sistema penitenciario y la política criminal en México estén al borde del colapso.

Durante el año 2011, el 96.4% de las sentencias condenatorias establecieron la cárcel como pena, sin embargo, esta medida no ha sido proporcional ya que no existe una diferenciación significativa entre los delitos graves y los no graves. En algunos estados de la República, las sanciones previstas en los códigos penales son iguales para un sentenciado por robo sin violencia que por homicidio doloso sin agravantes.

El abuso de la cárcel es generalizado en todo el país. El 95% de los códigos penales de las entidades federativas tienen contemplada la cárcel como sanción, y tan sólo en 3.6% se consideró el uso de sanciones alternativas, como multas o reparación del daño. Así, en México se abusa de la cárcel como pena y se dejan de lado las sanciones alternativas que serían más apropiadas y menos costosas.

Adicionalmente, 58.8% de los internos cumple sentencias de menos de tres años de prisión, lo cual significa que la gran mayoría de quienes se encuentran en la cárcel fueron privados de su libertad por delitos no violentos ni graves. Esta cifra también sugiere que la capacidad de persecución criminal del Estado es baja y se limita a los eslabones más débiles de la cadena delictiva.

 

 

Por estas razones, la cárcel en México lejos de ser un castigo exclusivo para quienes realmente han cometido un delito y deben purgar una sentencia, se ha convertido, en gran medida, en el lugar para albergar a individuos que se encuentran en espera de un proceso judicial o la determinación de una sentencia. Hasta enero de 2013, 41.3% de los internos no contaba con una sentencia condenatoria, y en estados como Baja California Sur, Durango, Oaxaca y Quintana Roo, más de 60% de los internos por delitos de competencia local y federal no ha recibido una sentencia.

Las consecuencias de lo anterior son diversas: por un lado, se genera un gran problema de sobrepoblación, y por el otro, se fuerza a convivir en un mismo espacio a sentenciados e indiciados, generando efectos criminógenos importantes tales como la reincidencia y un proceso de reinserción ineficaz.

El uso excesivo de la prisión ha llevado a un severo problema de hacinamiento. Un total de 242 mil 754 personas viven encarceladas en México en un espacio para 195 mil 278, registrando así un porcentaje de sobrepoblación de 124.3. Los estados que presentan mayores niveles de sobrepoblación son Nayarit (188.6%), el Distrito Federal (184.7%), Jalisco (176.1%) y México (170.5%).

Cabe destacar que algunos centros penitenciarios tienen porcentajes de ocupación superiores a 400, como ocurre en la Cárcel Distrital Tepeaca, en Puebla, donde conviven 266 internos en un espacio diseñado para 46. Estas condiciones han resultado en la ingobernabilidad de las cárceles, la prevalencia de la violencia dentro de ellas y la vulnerabilidad de los derechos humanos.

 

 

Además, el constante crecimiento de la población penitenciaria provoca una carga mayúscula en términos presupuestarios, ya que el costo diario por cada interno es de alrededor de 137 pesos. Tan solo en 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que los estados destinaron 8 mil 658 millones de pesos para el mantenimiento de sus centros penitenciarios.

Finalmente, México Evalúa hace una serie de recomendaciones para reformar el sistema penitenciario y poder revertir las tendencias actuales de crecimiento de la población carcelaria así como sus consecuencias negativas:

• La revisión de la legislación penal para eliminar la sanción carcelaria para algunos delitos menores y no violentos
• El desarrollo normativo y organizacional de sanciones no privativas de libertad, tales como multas y servicio a la comunidad, entre otras.
• La utilización prudente del recurso de prisión preventiva.
• El mejoramiento y la institucionalización de los programas y las técnicas de reinserción.
• El fortalecimiento de la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional.
• La profesionalización del personal administrativo, técnico y de custodia.