El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el «Informe regional de desarrollo humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, que analiza la seguridad ciudadana y su repercusión en el desarrollo humano de 18 países de América Latina. Asimismo, ofrece importantes recomendaciones para mejorar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana es parte fundamental para mejorar los índices de desarrollo humano. El delito, la violencia y el miedo limitan profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado. América Latina ha avanzado en aspectos importantísimos como la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la estabilidad financiera; sin embargo, sigue siendo la región más desigual y más insegura del mundo: en su conjunto, la región sufre más de 100.000 homicidios registrados por año.

La inseguridad es un problema compartido por los 18 países de la región analizados por el informe, pero existen variaciones importantes entre ellos y al interior de los mismos. América Latina es la única región del mundo donde la violencia letal aumentó entre 2000 y 2010: mientras que la tasa de homicidio en la mayoría de las regiones del mundo fue negativa (de 0%a -50%), en América Latina presentó un aumento del 12%. Es decir, en una década han muerto más de un millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal.

De igual manera, la inseguridad repercute gravemente en el desarrollo humano. Hasta un 65% de latinoamericanos han dejado de salir de noche por la inseguridad, 13% reportó haber sentido la necesidad de cambiar su residencia por temor a ser víctima de algún delito, y el porcentaje de personas que reportan haber limitado sus lugares de recreación por temor a ser víctima del delito va de un 20.6% a un 59.1% para distintos países de la región. Cinco de cada diez ciudadanos perciben que la seguridad en su país se ha deteriorado.

El homicidio y el robo son los delitos que más afectan y se reproducen en la región. Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado, o incluso ha disminuido en algunos países, ésta sigue siendo alta para la gran mayoría de los países latinoamericanos. En 11 de los 18 países se registra una tasa de homicidios superior a 10 por cada 100,000 habitantes, tasa considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un nivel de epidemia. El robo, en tanto, se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a las y los habitantes de la región.

 

 

 

 

El homicidio afecta especialmente a los jóvenes: la tasa de homicidios de jóvenes es superior al doble de la tasa para toda la población (alrededor de 70 por cada 100,000 jóvenes). Aunque la gran mayoría de los victimarios y víctimas de homicidios son varones, aproximadamente 1 de cada 10 víctimas de homicidio es mujer. En este sentido, importante resaltar que los feminicidios se han agudizado en varios países de la región.

En cuanto al robo, uno de cada cinco latinoamericanos reporta haber sufrido algún tipo de robo en el último año, lo que explica el por qué se considera como el delito más común y como la amenaza principal, incluso por encima de la delincuencia organizada y de las pandillas criminales Durante los últimos 25 años, ha habido un marcado aumento en la tasa de robos para la mayoría de los países de la zona. El porcentaje de la población total que fue víctima de robo, tanto con violencia como sin ella, varía del 10.82% en Chile hasta el 25.19% en Ecuador. Cabe destacar que en promedio, 6 de cada 10 robos en América Latina son cometidos con violencia.

La tendencia del crecimiento del robo en América Latina es sumamente grave. Mientras que la mayoría de los países que conforman la región conocida como Eurasia experimentaron un descenso en el número de robos en el periodo de 2005-2011, América Latina presenta una tendencia al alza. El número de robos en América Latina es más del doble que en Eurasia, a pesar de tener una población total menor. En este sentido, un aspecto fundamental para conocer los índices reales del robo, son los resultados de las encuestas de victimización. Las encuesta de victimización están basadas en los datos que reportan los propios ciudadanos al ser encuestados, y éstas permiten revelar la cifra de aquellos delitos que no son denunciados ante las autoridades. Los resultados son contundentes: el robo medido por registros administrativos es sustantivamente menor al que muestran las encuestas.

 

 

 

 

Las cifras de violencia y delito entre los países de América Latina e inclusive al interior de ellos, no son homogéneas. Aunque existen países con niveles de violencia letal altos a nivel nacional, pueden mostrar que en ciertos municipios y ciudades la violencia letal es mucho menor al promedio nacional. De igual forma, un país con un promedio de homicidios a nivel nacional bajo, puede tener subregiones o ciudades con altas tasas de homicidio. En México, por ejemplo, el estado de Chihuahua tiene una tasa de 194 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que Yucatán cuenta con una tasa de 1.74.

Dado que los factores que originan y reproducen la violencia y el delito son multidimensionales y con infinitas variaciones, el informe destaca que no existe una solución única para fortalecer la seguridad ciudadana de la región. Los datos presentados por el PNUD demuestran que se requieren políticas integrales, basadas en el conocimiento de las necesidades locales y llevadas a cabo con la participación activa de las comunidades afectadas.

En este sentido, el informe emite un puntual decálogo de recomendaciones dirigido tanto a autoridades como a ciudadanos:

 

1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, con base en las experiencias y lecciones aprendidas.
2. Prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad
3. Disminuir la impunidad, fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia, con respeto a los derechos humanos.
4. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito.
5. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente de las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana.
6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes.
7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público.
8. Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas.
9. Regular y reducir los disparadores del delito —como armas, drogas y alcohol— desde una perspectiva integral y de salud pública.
10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y de evaluación de la cooperación internacional.